El acuerdo alcanzado ayer entre los grupos de autodefensa,
el gobierno del estado de Michoacán y el gobierno federal, es de atenderse.
En primer lugar, no hay que olvidar que, se trata de grupos
armados, quienes además de portar armas de uso reservado, llevan a cabo
acciones de impartición de justicia al margen de la ley. Igual han detenido
delincuentes que ciudadanos, policías y retenido hasta elementos del ejército
mexicano.
En ese contexto es que el gobierno se sienta a dialogar con
ellos, en ese contexto es que el gobierno les concede; legalizarlos, registrar
sus armas, capacitarlos y darles un uniforme y una placa. Transitaron de la
rebelión a la legalización.
Cuán alejado está del anuncio que se hiciera; las fuerzas de
seguridad irán a la entidad para desarmarlos.
A pesar de todo esto, los grupos de autodefensa mantuvieron
su posición –acatada por el gobierno- de continuar hasta que la autoridad no
detenga a los líderes de los Caballeros Templarios. Continuarán, como ocurrió
el día de hoy, tomando nuevos poblados y se mantendrán en pie de lucha.
A todo esto, en la mesa de negociación, el gobierno todavía
les pidió un voto de confianza, es decir, no obstante lo concedido, se vio en
la necesidad de solicitarles un voto de confianza para comprobar que actuarán
en el caso de los
Caballeros Templarios.
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