La gravedad de la situación en Michoacán amerita un mayor
margen de maniobra y la adopción de modelos de acción tendientes para
reestablecer la normalidad, si es que eso es posible.
La designación de un enviado del gobierno federal fue bien
recibida, inclusive por partidos de oposición, pero no puede dejarse de lado
aspectos de fondo por los que pasa.
El secretario de gobernación dijo:
“El Comisionado Alfredo Castillo Cervantes tendrá dentro de
sus facultades promover la coordinación de las autoridades locales y
municipales en el estado de Michoacán con las autoridades federales en los
ámbitos políticos, social, económico y de seguridad pública.”
Más allá de las labores relativas a la seguridad, parece
haberse designado a un supra gobernador o gobernador sustituto.
Cuando se habla también de “los ámbitos políticos, social y
económico” es prácticamente la gobernabilidad del Estado.
Es cierto que el orden estatal ha sido rebasado por la
situación, pero este nombramiento con sendas facultades debió de haber pasado
por el Congreso local al incluir estas facultades.
Los estados son libres y soberanos, por lo que llama la
atención la delegación de estas atribuciones por mandato presidencial.
En otros tiempos, los presidentes imponían y removían a los
gobernadores y ahora, aunque fausto Vallejo no fue removido, se le ha echado a
un lado.
Insisto, la gravedad de la situación bien amerita medidas
extremas, sin embargo debiera ser atendiendo al orden constitucional y a la
soberanía estatal.
Por eso nos preguntamos, ¿y el gobernador en dónde queda?
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