Nunca he sido partidario de formar parte en la complicidad
de un espionaje telefónico.
La grabación, almacenamiento y deliberada difusión de una
conversación telefónica es un acto ilegal.
No nos cansamos de señalar la falta de un estado de derecho
en el país, pero resulta que, cuando se cometen estos ilícitos, entonces sí es
posible formar parte de esta cadena ilegal.
En el periodismo siempre ha estado a debate si las llamadas
telefónicas interceptadas de forma ilegal, es decir todas aquellas no ordenadas
por un Juez, deben o no reproducirse o difundirse.
Quienes lo apoyan señalan que, siempre y cuando exista un
interés público en lo revelado y que, periodísticamente satisfaga los criterios
de información.
Quienes no estamos a favor, simplemente nos limitamos a
evitar la complicidad de intereses oscuros.
Nadie conoce con certeza la autoría y el fin con el que se
hizo. ¿Quién graba, para qué, por qué se archiva y por qué se da a conocer en
un momento determinado?
Esa información solo la conocen los autores materiales e
intelectuales.
Por ello, me niego a ser parte de su estrategia, es decir
cómplice, pero además a violentar la ley.
Expuesto lo anterior agregaría que, una vez que se está en
conocimiento del caso por la divulgación de un tercero, la pregunta para
Ernesto Cordero es, si sabe de tanta “pillería” y corrupción en su partido,
¿por qué no procede conforme a derecho y lo denuncia?
¿Si hay corrupción al interior del PAN y él lo sabe, por qué
no exige una investigación?
No hacerlo lo coloca en la misma condición de las personas a
las que señala. Haber callado lo hace parte, no lo exime.
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