Una de las tareas del oficio periodístico es al acervo de
información, del pasado inmediato o datos históricos.
Por ello el día de ayer que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos daba a conocer que el Gobierno del estado de Guerrero apoya a las
policías comunitarias, no nos llamamos a sorpresa, aunque definitivamente sí
fue de impacto.
El 7 de febrero de este año, el convoy en el que viajaba el
gobernador fue interceptado y detenido en un retén comunitario. Descendió de su
vehículo acompañado del líder de su partido, Jesús Zambrano y reconoció el
esfuerzo de los civiles armados. Lejos de que su equipo de seguridad
implementara medidas para salvaguardar la integridad del político guerrerense,
el mandatario, les felicitó y prometió apoyarles con uniformes armas y
entrenamiento, es decir, legalizó de facto, lo que constitucionalmente está
prohibido.
Una semana después, el 19 de febrero, el PRD anunció que
propondría una iniciativa de reforma constitucional para dotar de un carácter
legal a estos grupos y capacitarlos.
En tanto todo esto ocurría, en Guerrero, en el vecino estado
de Michoacán, el gobernador interino, el secretario de gobernación y el de la
defensa luchan incesantemente en contra de grupos armados que se multiplican en
esa entidad.
Así que por una parte son perseguidos, detenidos y
arraigados y por la otra, apoyados capacitados y casi legalizados
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