Las manifestaciones violentas de este viernes, por el alza
en el boleto del Metro, no son obra de la casualidad, son en realidad
consecuencia de la permisibilidad y el relajamiento de la ley en el Distrito
Federal.
Esta ha sido, quizá, la debilidad de gobierno más marcada de
Miguel Ángel Mancera. Desde el primero de diciembre del 2012 cuando el
presidente rindió protesta y la Asamblea modificó las leyes para que salieran
los vándalos, la inacción ante los bloqueos de los maestros de la CNTE y los
anarquistas del 2 de octubre.
He insistido en este espacio que, el precedente que sienta
la mal llamada tolerancia, no es más que un incentivo para animar la
delincuencia y la ingobernabilidad en los jóvenes que no advierten consecuencia
alguna.
Pese a reiterados anuncios de las protestas de hoy, el
gobierno dejó correr la situación, misma que creció hasta salirse de control y
terminar con la quema del árbol de Coca-Cola, una empresa que al igual que el
comercio establecido, invierte en México, genera empleos, paga impuestos, pero
que además, en este caso, se trata de un donativo a la ciudad año con año.
¿Quién lo pagará? Pues usted y yo con nuestros impuestos que
ahora van a dar al Fondo de Capitalidad, creado para subsanar los daños
ocasionados por las marchas.
Como ve, de prevención y aplicación del estado de derecho
nada.
Y eso que las encuestas de Joel Ortega, director del Metro,
aseguraban que la mayoría estaba de acuerdo con el aumento.
¿Sabe qué? Pura demagogia.
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