Ha sido ampliamente difundida la amenaza de muerte que
recibiera Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable.
Este trabajo exhibió crudamente la fragilidad del sistema de
administración de justicia penal en nuestro país.
Fue tan contundente el largometraje que, “presunto
culpable”, se ha convertido en un lugar común; en una expresión utilizada en
nuestro lenguaje cuando se quiere hacer referencia a corrupción, abuso del
poder, engaño, personas prejuzgadas, fallas en los procesos y un sinnúmero de
ineficiencias en la justicia mexicana.
Afecta a los desvalidos y obra en beneficio de los
poderosos.
Me explico, las inconsistencias procesales en el caso de
Antonio Zúñiga personaje central de la investigación, lo hundieron años en la
cárcel, las fallas procesales en el caso de Elba Esther Gordillo ocasionaron
que se revocara el auto de formal prisión.
Y así en el caso de Florance Cassez y Rafael Caro Quintero.
Obra en contra de los jodidos y abona en favor de poderosos.
El hecho es que hoy amenazan muerte al director que
documentó la peor expresión de la justicia, misma que le da un respiro a
Gordillo Morales.
Si el Pacto por México y las reformas están de moda, bien
podrían aterrizar una iniciativa que toque, profundamente al poder judicial.
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