Poder arrebatado
Para nadie es un secreteo que la operación electoral en los
Estados más importante no se da en la calle o en la compra de votos, sucede al
interior de los institutos estatales electorales.
En cada entidad son nombrados de manera distinta pero
básicamente cumplen la misma función, son el órgano que regula, norma y lleva a
cabo las elecciones locales; gobernatura, congreso y presidencias municipales.
Al igual que el IFE, avala la creación de partidos políticos
o cancela su registro, según sea el caso. Supervisa el registro de candidatos a
puestos de elección popular, recibe un presupuesto anual definido por el
congreso local.
En suma de cuentas, son modelos similares al IFE con la
única diferencia que, su competencia es local y no llevan a cabo una labor de
empadronamiento o credencialización, para ello se nutren de las listas y
credenciales federales.
El gobernador de manera indirecta, a través del congreso
local, en donde se tiene mayoría, designa consejeros y presidente de los
institutos lo que asegura una ventaja sobre la oposición.
Esto sucede básicamente en todos los Estados.
Por eso, ahora que se habla de la creación de un Instituto
Nacional de Elecciones en la reforma política, los gobernadores son, fuera de
reflectores, férreos opositores al proyecto.
Los consejos electorales estatales estarían designados desde
el centro del país sobre lo que los mandatarios estatales no tendrían ningún
control o ascendencia.
Por ello defienden a capa y espada mantener el modelo
actual, para no ser objeto de un poder arrebatado.
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