Si bien la iniciativa de reforma en materia hacendaria no es
la ideal sino la posible, hay puntos que fueron sumamente sensibles, pero sobre
todo, contradictorios a un proyecto que lo denominan social.
Uno de esos puntos es la pretensión de gravar las colegiaturas
en instituciones privadas.
Durante su comparecencia, este miércoles en la cámara de
diputados, Luis Videgaray, secretario de hacienda aceptó revisar este caso ante
el rechazo de las tres fuerzas políticas.
Este nuevo impuesto recaudaría, de aprobarse, cerca de 14
mil millones de pesos contra 38 mil millones que representaría asegurar
educación gratuita a los dos millones de alumnos que se encuentran en esa
condición, es decir, en escuelas o universidades privadas.
El derecho a la educación de calidad gratuita debe de ser
garantizado por el gobierno. Ahora, más que nunca, es bien sabido que los
servicios son insuficientes y están muy lejos de ser de calidad.
La UNAM rechaza por cupo a miles de estudiantes cada año y
sucede los mismo en los primeros niveles. Ante ello hay quien puede pagar para
que sus hijos estudien y está bien, pero que no lo graven, es decir, si el
gobierno no puede cumplir con su responsabilidad en la materia, ni modo, pero
que no carguen un 16% de impuesto para educarse en este país.
Me parece muy afortunado que el secretario de hacienda haya
aceptado, por lo pronto, revisarlo. “Es de sabios reconocer”.
Es un contrasentido; una reforma que grava la educación, no
puede llamársele social.
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