La falta de oportunidades de empleo, pero
también la conveniencia, incentivan la actividad económica informal, la
alimentan y la convierten en un vehículo generador de ingresos que, más allá de
la necesidad, es atractivo.
Esto promueve en las medianas y grandes ciudades
el uso de los espacios públicos para desarrollar cualquier tipo de oficio y
negocio.
Desde los tradicionales ambulantes, hasta
los masajistas en las playas del país
Por otra parte, están las autoridades,
locales, es decir, municipales o delegacionales, a las que les reporta
simpatías partidistas permitir, lo que a usted y a mí nos prohibirían
inmediatamente.
¿Qué pasa si usted decide instalar mañana
un escritorio y un par de sillas en una de las avenidas más transitadas de su
ciudad y ofrece servicios de contabilidad, consultas médicas, asesoría en
negocios, etc.? Más allá, que tuviera dos o tres escritorios en la misma
avenida, podría montar hasta una pequeña firma callejera, pero estimado
televidente, lo retirarían en menos de dos horas.
Es exactamente lo mismo con el ambulantaje,
solo que las filiaciones partidistas y las mordidas, lo solucionan todo.
En el Distrito Federal, además de los
vendedores de discos piratas, falluqueros y comerciantes de cualquier producto,
están también los llamados franeleros o viene viene. Ellos, los que le ayudan a
estacionar su coche.
Estos grupos que son de facto, autoridades
paralelas, se han adueñado de las calles.
Cobran un derecho de piso o una extorsión amable para que usted que paga
tenencia e impuestos pueda hacer uso de sus vialidades.
Este giro ha crecido y se ha empoderado de
tal forma que, hace poco tiempo, le propinaron una golpiza de hospital a un
policía y al conductor de una grúa que cumplía con el deber de retirar un auto
mal estacionado. Por eso no
exagero cuando le digo, son autoridades o gobierno paralelos. Extorsionadores
tolerados.
Afortunadamente el gobierno de Marcelo
Ebrard inició con un programa de parquímetros que le valió manifestaciones y
bloqueos pero lo logró. Ahora el
gobierno actual, en lugar de ejercer un acto de autoridad en su competencia, lo
somete a una encuesta que va a costar y que terminará por enfrentar a la
ciudadanía con los franeleros para que ellos, los del gobierno se laven las
manos, de lo que a todas luces es un ilícito.
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