Los presidentes municipales han sido considerados siempre como el primer enlace gubernamental con la sociedad. Es la autoridad inmediata a la ciudadanía, sin embargo esta condición no es la misma en la relación con los gobiernos estatales y el federal.
Las asignaciones presupuestales para estas entidades son por demás reducidas y, en muchos casos, dependen de la relación que mantengan con el gobernador.
Sus cuerpos policiacos carecen de equipamiento y capacitación. Según distintos registros se estima que del 2008 a la fecha, han sido asesinados más de 30 ediles.
A pesar de todo esto, no cuentan con una silla o representación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no son tomados en cuenta, inclusive no fueron invitados a los Diálogos por la Seguridad que convocó el presidente Calderón.
El caso de la presión por parte del crimen organizado al presidente municipal de Teloloapan Guerrero, Ignacio Jesús Valladares, exhibe de manera cruda los alcances del crimen organizado pero también la indefensión de quienes presiden este orden de gobierno.
Ahí están, solos, a su suerte, con presupuestos castigados y la amenaza de la delincuencia.
Todo esto sin mencionar los casos de candidatos a presidencias municipales que han sido ejecutados por no acomodarle a grupos delictivos.
Son los primeros y los últimos, son locomotora y cabus. Están en el abandono de la federación, subordinados de facto al poder estatal pero eso sí, cuando de elecciones se trata, son instrumento valioso en la promoción y operación del voto.
Es responsabilidad del Senado de la república encontrar mecanismos para que el orden municipal dignifique su condición y, sobre todo sea rescatado de la vulnerabilidad en la que se encuentra.
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